"Ya en 2004 nosotros habíamos hecho una denuncia por un paciente hemofílico junto con el PAMI y a partir de ahí empezamos a investigar la relación de las droguerías con los medicamentos, es un tema muy intrincado".
"Yo no puedo acreditar que Lorenzo tenga relación con funcionarios, ese dato lo presentó el Juez Oyarbide".
"El negocio de los medicamentos tiene un volumen económico muy importante, más allá de las implicancias en la salud pública porque acá estamos hablando no solo de un fraude financiero porque se adulteraron medicamentos de pacientes con tratamientos costosos con consecuencias muy graves para estas personas. Nosotros creemos que dado este flujo de dinero y teniendo Lorenzo una cooperativa de crédito, él podría valerse de este instrumento para blanquear estos fondos que poco tienen que ver con un negocio lícito".
"El fideicomiso se arma para evitar los embargos que tenía La Bancaria y así poder pagarle a los proveedores, en ese acuerdo La Bancaria pone una cláusula en donde dice que el único proveedor de ellos sería la droguería San Javier o sea que todos los pagos serán para ellos. Este contrato fue impugnado en este entonces automáticamente por Graciela Ocaña y a partir de allí empezó la investigación que descubre todas las conexiones porque además de todo lo financiero está el atentado contra la Salud pública de la adulteración de medicamentos".
